Administrando el contrabando en Aduanas en la frontera
Lino Javier Calderón
Arment Tradenews
Decenas de expedientes de corrupción se han recibido en la Secretaría de la Función Pública (SFP) de funcionarios de la Administración General de Aduanas (AGA) pero que no han sido procesados y que siguen sin revisarse por la orden de un poder muy por encima de la dependencia debido a lo delicado que representan ya que pueden vulnerar intereses de altos funcionarios del actual gobierno federal panista.
La estrategia que presentó el presidente Fox en mayo de 2004 para reforzar el combate al contrabando y mejorar la inspeción de aduanas fracasó ya que las acciones para renovar el total de los vistas aduanales estacionados en las principales aduanas fronterizas del país y en los puertos mexicanos, no incluyó a los funcionarios en los puestos medios y altos dentre de la Administración General de Aduanas que dirige José Guzmán Montalvo.
Fuentes de la SFP y de SHCP que pidieron el anonimato aseguraron que estos son los expedientes que no han sido procesados y aplicados para combatir el contrabando tecnico que sufre el país y que relaciona a funcionarios medios de varias aduanas fornterizas: RES-057/2003; RES-306/2002; RES-005/2005; RES-004/2005; RESP010/2005; RES011/2005; RES318/2002; RES-087/2003.
Otros son QD-051/2000; QD-033/1999; QD-071/2000; QD-177/2000; RES-130/2001; RES-188/2001; RES-017/2002; RES-142/2001; RES-176/2002. RES-015/2204; RES-038/2004; QD-114/2001; RES-184/2002 y RES-027/2002.
Las filtraciones sobre aduanas que no son muchas implican a funcionarios aduanales como Juan Jesus Algravez Uranga, Jorge Vargas Coello, Roberto Montalvo y Roberto Ríos Mayansforman parte de la mafia que opera en aduanas y que se tapan y mueven a sus subordinados para que no sean investigados por el gobierno federal.
La movilidad y el manejo “ajedrecista”, de los altos funcionarios de la Administración General de Aduanas, han impedido que a todos y cada uno de ellos se les realicen verdaderas auditorías a sus operaciones, propiedades y bienes.
Al margen de la ley, y pasando por la buena fe del actual administrador, José Guzmán Montalvo, al interior se ha consolidado una red de intereses que es manejado de manera mafiosa para facilitar el contrabando de millones de mercancias de origen chino para que sea vendida en las calles de las principales ciudades mexicanas.
El encubrimiento de los actos se aprovechan de los principales mecanismos jurídicos y administrativos para facilitar las operaciones de contrabando. Uno de ellos es el famoso PAMA (que es un procedimiento de auditoría administrativa de importaciones) cuando las mercancías estas sujetas a sospecha de ser contrabando o de no haber cumplido con los pedimentos de importación.
Este instrumento es utilizado a favor o en contra de los intereses de la mafia que opera en aduanas.
El miedo de los agentes aduanles que realizan los tramites de importacion y que pertenecen a la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) para no cometer erreores y sujetarse a que las mercancías procesadas sean sujetas a PAMAS obligan a muchos de ellos el pago de “mordidas” o en su caso la Cárcel.
La movilidad de los funcionarios aduanales que forman parte de una mafia no declarada implica que cuando hay un problema administrativo o laboral, lo cambian de aduana.
Es decir que un día estan en Nuevo Laredo y para no crear sospechas al otro dia estan en Ciudad Acuña, por ejemplo.
El manejo de la información aduaneras es de tal hermetismo que no es publica y acceder a ella puede ser un delito para quienes investigan casos de corrupción en las aduanas.
Las fuentes consultadas indican que en México solo una empresa maneja información de las importaciones de 10 puertos del país lo que no incluye Nuevo Laredo de forma semipública llamada Piers de México y que forma parte de un consorcio de información mundial llamado The Economist y que le deja anualmente ganancias superiores a los 3 millones de dólares.
Empresas mexicanas que han buscado prestar este servicio se les ha negado.
En septiembre pasado la prestigiada revista Contralinea que dirige el periodista Miguel Badillo informó en uno de sus articulos que en la SFP se investigan más de 300 expedientes de funcionarios de la Administracion General de Aduanas.
Decenas de expedientes de corrupción se han recibido en la Secretaría de la Función Pública (SFP) de funcionarios de la Administración General de Aduanas (AGA) pero que no han sido procesados y que siguen sin revisarse por la orden de un poder muy por encima de la dependencia debido a lo delicado que representan ya que pueden vulnerar intereses de altos funcionarios del actual gobierno federal panista.
La estrategia que presentó el presidente Fox en mayo de 2004 para reforzar el combate al contrabando y mejorar la inspeción de aduanas fracasó ya que las acciones para renovar el total de los vistas aduanales estacionados en las principales aduanas fronterizas del país y en los puertos mexicanos, no incluyó a los funcionarios en los puestos medios y altos dentre de la Administración General de Aduanas que dirige José Guzmán Montalvo.
Fuentes de la SFP y de SHCP que pidieron el anonimato aseguraron que estos son los expedientes que no han sido procesados y aplicados para combatir el contrabando tecnico que sufre el país y que relaciona a funcionarios medios de varias aduanas fornterizas: RES-057/2003; RES-306/2002; RES-005/2005; RES-004/2005; RESP010/2005; RES011/2005; RES318/2002; RES-087/2003.
Otros son QD-051/2000; QD-033/1999; QD-071/2000; QD-177/2000; RES-130/2001; RES-188/2001; RES-017/2002; RES-142/2001; RES-176/2002. RES-015/2204; RES-038/2004; QD-114/2001; RES-184/2002 y RES-027/2002.
Las filtraciones sobre aduanas que no son muchas implican a funcionarios aduanales como Juan Jesus Algravez Uranga, Jorge Vargas Coello, Roberto Montalvo y Roberto Ríos Mayansforman parte de la mafia que opera en aduanas y que se tapan y mueven a sus subordinados para que no sean investigados por el gobierno federal.
La movilidad y el manejo “ajedrecista”, de los altos funcionarios de la Administración General de Aduanas, han impedido que a todos y cada uno de ellos se les realicen verdaderas auditorías a sus operaciones, propiedades y bienes.
Al margen de la ley, y pasando por la buena fe del actual administrador, José Guzmán Montalvo, al interior se ha consolidado una red de intereses que es manejado de manera mafiosa para facilitar el contrabando de millones de mercancias de origen chino para que sea vendida en las calles de las principales ciudades mexicanas.
El encubrimiento de los actos se aprovechan de los principales mecanismos jurídicos y administrativos para facilitar las operaciones de contrabando. Uno de ellos es el famoso PAMA (que es un procedimiento de auditoría administrativa de importaciones) cuando las mercancías estas sujetas a sospecha de ser contrabando o de no haber cumplido con los pedimentos de importación.
Este instrumento es utilizado a favor o en contra de los intereses de la mafia que opera en aduanas.
El miedo de los agentes aduanles que realizan los tramites de importacion y que pertenecen a la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) para no cometer erreores y sujetarse a que las mercancías procesadas sean sujetas a PAMAS obligan a muchos de ellos el pago de “mordidas” o en su caso la Cárcel.
La movilidad de los funcionarios aduanales que forman parte de una mafia no declarada implica que cuando hay un problema administrativo o laboral, lo cambian de aduana.
Es decir que un día estan en Nuevo Laredo y para no crear sospechas al otro dia estan en Ciudad Acuña, por ejemplo.
El manejo de la información aduaneras es de tal hermetismo que no es publica y acceder a ella puede ser un delito para quienes investigan casos de corrupción en las aduanas.
Las fuentes consultadas indican que en México solo una empresa maneja información de las importaciones de 10 puertos del país lo que no incluye Nuevo Laredo de forma semipública llamada Piers de México y que forma parte de un consorcio de información mundial llamado The Economist y que le deja anualmente ganancias superiores a los 3 millones de dólares.
Empresas mexicanas que han buscado prestar este servicio se les ha negado.
En septiembre pasado la prestigiada revista Contralinea que dirige el periodista Miguel Badillo informó en uno de sus articulos que en la SFP se investigan más de 300 expedientes de funcionarios de la Administracion General de Aduanas.
