La Estafa Maestra: publicista favorito de priistas recibió 64 mdp de la SEP y la Sedatu

viernes, noviembre 27, 2020

La Estafa Maestra: publicista favorito de 
priistas recibió 64 mdp de la SEP y la Sedatu
Redacción 

A Juan Carlos Limón García le llamaban el Rey Midas por ser el cerebro detrás de las campañas que hicieron presidente a Enrique Peña Nieto en 2012 y antes gobernador del Estado de México, y por el triunfo de 10 priistas en las contiendas por gubernaturas, logros que le valieron ser considerado el mejor consultor político. Pero el publicista es también uno de los beneficiarios de La Estafa Maestra: recibió más de 64 millones de pesos de recursos públicos desviados entre 2013 y 2016. 
De acuerdo con una investigación de Animal Político pudo confirmar que dicho monto terminó en ByPower (con la razón social Consulta y Estrategia Política S. A. de C. V.) y Limón Publicistas S. A. de C. V., ambas compañías de Juan Carlos Limón, gracias a los convenios hechos entre la Sedatu, cuando la dirigía Rosario Robles, y la SEP, cuando el titular era Emilio Chuayffet con tres organismos de televisión y dos universidades públicas para supuestos servicios.
Sin dar a conocer una cantidad precisa y sin señalar la participación de la SEP, ByPower fue mencionada por Emilio Zebadúa en su declaración ministerial para obtener el perdón legal. Según dijo, el dinero desviado sirvió para pagar la publicidad de Enrique Peña Nieto siendo ya presidente y para los exsecretarios de Gobernación y Sedatu, Miguel Ángel Osorio Chong y Rosario Robles, respectivamente, rumbo a la candidatura presidencial de 2018.
Dado que la publicidad personal no tiene partidas presupuestales, según Zebadúa, los implicados encontraron la manera de pagarlo con recursos públicos sin que fueran registrados oficialmente a través del esquema de desvío. 
El mecanismo consistió en que dependencias del gobierno de Enrique Peña Nieto hicieron convenios con universidades y organismos de comunicación públicos para supuestos servicios –evadiendo los procesos de licitación–, pero estos subcontrataron a empresas que resultaron ser ilegales o fantasma y, por tanto, el dinero público desaparecía, como reveló la investigación periodística La Estafa Maestra. 
En declaración ministerial, Zebadúa dijo que el dinero de dos convenios que hizo Sedatu con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, por 702 millones de pesos, y otro con la Televisora de Hermosillo por 320 millones de pesos "sirvió para concentrar recursos líquidos para actividades de publicidad". 
Si bien los dos convenios existen, la Auditoría Superior de la Federación detectó más convenios cuyos recursos se distribuyeron entre decenas empresas. 
Entre ellas, Consulta y Estrategia Política (ByPower) que obtuvo 61 millones de pesos derivados de los convenios entre la Sedatu y Radio y Televisión de Hidalgo, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, Televisión de Hermosillo y la Universidad Politécnica de Quintana Roo, de 2014 a 2016. 
Los supuestos servicios que la empresa debía hacer eran "preproducción, producción y postproducción de cápsulas radiofónicas y audiovisuales alusivos a la seguridad patrimonial" o "edición de promocionales en medios impresos y digitales de la campaña 'Política Nacional de Vivienda'". 
Sin embargo, cuando los auditores visitaron a la empresa para requerir mayor información de los contratos, el representante legal entregó documentación que incluyó la contratación de personal a la empresa Heyman Asesores, S.A. de C.V., lo que significa que "el proveedor no contaba con la capacidad material, técnica y humana, para desarrollar los trabajos convenidos con la televisora", concluyó la Auditoría.   
Si bien Consulta y Estrategia Política ha sido contratista del gobierno federal, entre 2014 y 2016 ganó 32 millones de pesos a través de contratos oficiales, prácticamente la mitad de lo obtenido por el mecanismo de desvío, de acuerdo con el registro de contratos en Compranet y recopilados en la herramienta Quien es Quien.Wiki. 
Juan Carlos Limón aparece como representante legal de Limón Publicistas S. A. de C. V., una de las empresa investigadas en La Estafa Maestra y que recibió 3 millones 712 mil pesos de la SEP, entonces dirigida por Emilio Chuayffet, a través de un convenio con el Fondict de la Universidad Autónoma del Estado de México en 2013. 
El Fondict subcontrató a la empresa Tecmasat Digitalización S. A. de C. V. (declarada fantasma por el SAT) y esta a su vez subcontrató a cuatro empresas más, entre ellas Limón Publicistas para hacer el supuesto servicio de "supervisión de los trabajos realizados para la adecuación del Sistema OnBase". 
En la visita al domicilio de Limón Publicistas, realizada durante la investigación periodística en 2017, en calle Euler número 152 en Polanco, el personal dijo que esa oficina ya no era ocupada por dicha empresa, sino por ByPower y otra llamada "estrategia electoral". 
«Ahora, Animal Político confirma que esa dirección es la misma para ambas empresas, Limón Publicistas y ByPower (Consulta y Estrategia Política S. A. de C. V.), según consta en registros oficiales como facturas, listado de proveedores de Chihuahua y Oaxaca; contratos y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)». detalló el medio de comunicación.


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Aprueba Senado eliminar fuero del Presidente de la República

jueves, noviembre 26, 2020

Aprueba Senado eliminar fuero del Presidente de la República
La minuta que elimina el fuero al presidente de la República Mexicana, aprobada con 89 votos a favor y 23 en contra, fue turnada a los congresos de los estados para continuar con el proceso del Constituyente. 
Lino  Calderón 


Después de casi dos años, el Senado de la República aprobó la reforma constitucional que elimina el fuero del Presidente de la República y permite que se le pueda juzgar no sólo por traición a la patria, sino también por delitos de corrupción, electorales y todos los demás ilícitos, como cualquier ciudadano.
La minuta aprobada con 89 votos a favor y 23 en contra fue turnada a los congresos de los estados para continuar con el proceso del Constituyente.
Se acabó la impunidad, los privilegios que por décadas permitieron a los presidentes de la república en turno cometer todo tipo de corruptelas, actuar como rufianes, como lo hicieron Enrique Peña Neto, Felipe Calderón y Vicente Fox, advirtieron senadores de Morena,mientras que la oposición insistió, sobre todo el PAN, en trata de bloquear el dictamen, que por tercera vez se discutió en el Senado de la República.
La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador fue presentada por primera vez,en diciembre del 2018 a a a la Cámara de Diputados, que la aprobó los términos que el Ejecutivo federal la había enviado, para modificar el artículo 108 Constitucional y 111 constitucionales.
Establecía que el Presidente de la República puede ser juzgado por traición a la patria, pero también por corrupción, delitos electorales y otros ilicitos graves. Sin embargo, la oposición en el Senado propuso modificar la minuta y añadir que también los diputados fueran juzgados por los mismos delitos, lo que en realidad no sólo no les quitaba el fuero a los legisladores.
La minuta se aprobó con ese cambio y se regresó a diputados, quienes lo rechazaron. "Pablo Gómez resaltó que cómo iban a pasar como la legislatura que no sólo no les quito el fuero a los legisladores, sino que hasta impunidad les dió". Como no se lograba destrabar la minuta, López Obrador mandó una nueva iniciativa a la Cámara de Diputados, en febrero de este año, en la que propuso otra redacción al Artículo 108 Constitucional: "Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana".
La Cámara la aprobó el primero de septiembre pasado y la turno al día siguiente al Senado, pero a propuesta de la senadora del PT, Nancy de la Sierra, se volvió a modificar y así se aprobó en la Comisión que encabeza el morenista Cristóbal Arias.
Durante varios días, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal negoció con la oposición, a la que ofreció presentar y aprobar una iniciativa para eliminar por separado, el fuero de los legisladores. Fue necesario votar en contra el dictamen y aprobar luego un voto particular del Morenista Alejandro Peña, para regresar a los términos de la minuta que remitieron los diputados.
Aún con el aval de todos los coordinadores, los panistas Damián Zepeda, Julén Rementería y Xochítl Gálvez, argumentaron en contra y sostuvieron que en realidad no se quita el fuero al presidente, ya que para ser juzgado, el Senado debe decidirlo, antes de pasar el caso a las autoridades judiciales.
"Que los intereses partidistas y electorales no impidan que se apruebe esta reforma trascendental", recalcó el senador morenista Héctor Vasconcelos, mientras que su compañero de bancada, Martí Batres resaltó que ahora el presidente de la república podrá ser juzgado por todo tipo de delitos, incluídos los 200 que obran en en el Código Penal Federal".
Recordó que en la Constitutición de 1917 se eliminó el delito de cohecho y soborno, además de delitos electorales, que estaba en la de 1957 y el ejecutivo sólo podía ser enjuiciado por traición a la patria,
El senador Peña hizo notar que con la reforma aprobada se acaban los privilegios para el Presidente de la República, pero se dejan en la Constitución un procedimiento para evitar acusaaciones infundadas, que pongan en riesgo la estabilidad del gobernante durante su mandato.
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Centros de convivencia Familiar, esfuerzo institucionalpara sanar a las familias: Ortiz Castañeda

miércoles, noviembre 25, 2020

Centros de convivencia Familiar, esfuerzo institucional

para sanar a las familias: Ortiz Castañeda

Lino Calderón

 Luego de la Reforma Judicial de 2014, en el Poder Judicial de la Ciudad de México ha fortalecido como esfuerzo institucional la consolidación de los Centros de Convivencia Familiar (CCF) a fin de favorecer la conciliación y sanación de las familias que han entrado en conflicto y que han favorecido la separación de sus miembros y con ello evitar la desintegración familiar, dio a conocer Mariana Ortíz Castañeda coordinadora de Servicios de Intervención Especializada de Apoyo Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.

« Esta coordinación precisamente fue creada para ser una alternativa y dar respuesta a los conflictos familiares y contribuir a dar alternativas para que los miembros de las familias no sean afectadas psicológicamente y ser apoyados terapéuticamente, por ello la creación acertada del Presidente Magistrado de la Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México de crear los Centros de Convivencia Familiar» , dijo la funcionaria quien destacó la enorme responsabilidad que tiene acuestas y el equipo de trabajo de la coordinación. 

Entrevistada en la emisión radial « La Voz del Poder Judicial» que se transmite por ABC Radio en la 760 de Amplitud Modulada, que dirige Rosalía Buaún, Jadira Armendáriz y Tony Mancusso, la funcionaria destacó que esta labor se ha mantenido a lo largo de los más fuerte de la pandemia del COVID 19 ya que se logró mantener la «comunicación» entre los miembros de la familia, los niños, niñas y adolescentes, los padres y las autoridades que llevan su caso de separación y otorgamiento de patria potestad a uno de ellos, manteniendo el derecho del otro a convivir con sus hijos.

Asimismo, dijo que aún con la pandemia del coronavirus se estableció la modalidad de las videollamadas con los miembros de la familia y las autoridades judiciales a fin de lograr acuerdos e incluso la conciliación de los mismos. «Lo que ha permitido que los juzgadores lleven un seguimiento detallado de cada uno de los casos buscando los mejores acuerdos para las partes en conflicto», dijo la funcionaria.

Ortiz Castañeda destacó que la nueva normalidad y la pandemia obligaron que los magistrados del Poder Judicial y los miembros del Consejo de la Judicatura Federal acordaron mantener a posteridad el uso de las videollamadas como instrumento judicial de comunicación para que las familias en conflicto de acuerdo a los procesos del Código Civil tengan soluciones expeditas ya acordes a los que buscan las partes en disputa.

Sin embargo, destacó que esta situación fortalece a la Coordinación de Servicios de Intervención Especializada de Apoyo Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX ya que permite a la misma establecer puntos de encuentro entre las partes en conflicto y hacer que sea más favorable para la conciliación de la familia.

«Esto no es un asunto menos porque son muchas familias que entren en conflicto y donde los niños, niñas y adolescentes quedan en medio de las diferencias entre los padres lo que les podría generar problemas psicosociales y degenerar en una huella endémica como individuos cuando sean adultos", dijo la funcionaria del Poder Judicial de la ciudad de México.   

«En los Centros de Convivencia Familiar para su operatividad también se dan talleres apoyos terapéuticos para la conciliación de las familias, por lo que entran a un proceso donde se destaca en primer lugar a aprendizaje del conflicto donde se busca con la intervención de los funcionarios judiciales el reconocimiento de los derechos del otro y de ellos mismos -como saludarse y fortalecer la interacción-, con ayuda de trabajadores sociales», dijo.

Asimismo, añadió, en un segundo momento que el poder judicial pueda contar con el material lúdico para mantener un ambiente de armonía a través de pláticas y talleres para los involucrados en el conflicto.

Mariana Ortiz Castañeda destacó que en un tercer momento se busca que las partes en conflicto puedan llegar a convenios humanos para respetar los límites de ambas partes y definir las distintas formas de convivencia. «Una cuarta parte destaca el apoyo para que niños, niñas y adolescentes tengan la menor afectación ante la eventual separación de las familias.

«Iniciamos un programa de apoyo para adultos donde pueden participar tres mujeres y tres hombres para solucionar sus problemáticas" explicó

Finalmente, Mariana Ortíz Castañeda coordinadora de Servicios de Intervención Especializada de Apoyo Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, destacó el trabajo de los CCF han ayudado a dirimir los conflictos familiares y que constantemente se dan encuentros no judicializados y facilitar la labor de los juzgadores para sanar a las familias y las personas.

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Muere Diego Armando Maradona de un paro respiratorio

Muere Diego Armando Maradona de un paro respiratorio 
*Diego Maradona sufrió un paro cardíaco y falleció este miércoles, según reportan medios sudamericanos.
Lino Calderón 

El entrenador de 60 años estuvo a principios de este mes diez días internado en una clínica de Buenos Aires por anemia, deshidratación y con un "bajón anímico", pero al hacerle chequeos se le diagnosticó un hematoma subdural por el que fue operado.
Luego, el técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata tuvo "algunos episodios de confusión" que los médicos "asociaron" a "un cuadro de abstinencia".
Diego murió en su residencia a sus 60 años de edad en su vivienda de la provincia de Buenos Aires, lo confirmó su agente y amigo Matías Morla. 
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Cuestionan relatores de Naciones Unidas a México sobre el Tren Maya

martes, noviembre 24, 2020

Cuestionan relatores de Naciones Unidas a México sobre el Tren Maya
*  Se hace pública una misiva enviada por diversos relatores de derechos humanos de la ONU al gobierno de México manifestando preocupación por denuncias de violaciones contra derechos humanos de pueblos indígenas.
 Lino Calderon 

El pasado 20 de noviembre se dio a conocer públicamente una carta enviada al gobierno de México por parte de seis relatores especiales de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde se señalan una serie de presuntas violaciones en contra de derechos humanos cometidas en contra de personas que habitan en la región por donde pasará el denominado Tren Maya. Asimismo, plantean cuestionamientos específicos al Estado mexicano respecto del tema.
 En la misiva, los relatores señalan que "Sin implicar, de antemano, una conclusión sobre los hechos mencionados en los apartados anteriores, quisiéramos señalar nuestra grave preocupación por los posibles impactos del llamado Proyecto de Desarrollo Tren Maya para las comunidades indígenas que podrían verse afectadas en sus derechos territoriales, su derecho a no ser desalojadas y su derecho a la salud, entre otros, en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Nos preocupa además la información que indica que el estudio de impacto ambiental haya sido inadecuado, conllevando riesgos de daños ambientales por las actividades del Proyecto de Desarrollo Tren Maya causados por la contaminación e impactos negativos a la biodiversidad y el agua."
Al respecto, International Service for Human Rights, el Consejo Regional y Popular de Xpujil , el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y Comisión Mexicana de Protección y Defensa de los Derechos Humanos (CMDPDH), hacen un atento llamado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que acate las medidas solicitadas por los relatores de la ONU y, sobre todo, acate las recomendaciones y cumpla con sus obligaciones bajo convenios internacionales y estándares de derechos humanos allí señalados. Lo más relevante y urgente, es que se suspendan las obras de construcción del Tren Maya hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental y social integral e independiente, que se obtenga el consentimiento de las estructuras representativas identificadas por las propias comunidades afectadas y se cumpla estrictamente con todos los estándares internacionales en materia de derechos humanos y en el marco del Convenio 169 de la OIT, y cumpla con todas las garantías de derechos humanos antes de proseguir con la construcción.
Organizaciones de la sociedad civil han señalado en reiteradas ocasiones que el gobierno mexicano, particularmente el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), promovente del proyecto Tren Maya, ha sido opaco en dar a conocer de forma completa los impactos ambientales, sociales y culturales del proyecto. Asimismo, ha violentado los derechos humanos de las comunidades indígenas a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado.
Al día de hoy, no se cuenta con un Proyecto Ejecutivo de la obra y únicamente se ha presentado una Manifestación de Impacto Ambiental, correspondiente al primer tramo. El gobierno ha optado por fragmentar el proyecto, lo que impide conocer los impactos acumulativos y sinérgicos que tendrá la obra, y de qué forma se verán afectados en su totalidad los ecosistemas, la biodiversidad, el territorio y la forma de vida de las comunidades de la región.
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