Estados/Magistrados del TSJ-Morelos cobraran aguinaldo, pese a controversia

jueves, noviembre 14, 2013

Magistrados del TSJ-Morelos cobraran
 aguinaldo, pese a controversia
Cuernavaca.-Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolviera la controversia en donde establece que los magistrados del Poder Judicial no deben de cobrar el aguinaldo, debido a que son jefes, autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), justificaron el cobro de los emolumentos, debido a que la controversia no se ha legislado en Morelos, además de señalar que los bajos salarios en el estado lo permiten.
 En entrevista, la presidenta del TSJ, Nadia Luz María Lara Chávez expresó que los 19 magistrados y los cinco consejeros cobrarán los 90 días de aguinaldos, al argumentar que es una prestación laboral, aunado a una "compensación" por los bajos salarios que hay en la entidad.
 "No son reglas que nosotros hayamos puesto, esta prestación se da, porque los sueldos en el estado de Morelos no están en las mejores condiciones, tiene años que se implementó el otorgamiento de los tres meses de aguinaldo", dijo.
 Dijo que la resolución que se emitió en Baja California fue precisamente de un caso particular, por lo que analizaran el origen de la determinación de los ministros de la SCJN, debido a que no es aplicable en automático, debido a que actualmente no se está legislando en el congreso, en la ley orgánica y la ley del servicio social de Morelos.
 Por ello, Lara Chávez dijo que el aguinaldo no es una prestación que ellos la hayan implementado, por lo que aseveró que será una decisión de cada uno de los magistrados decidir si cobran o no el aguinaldo durante el mes de diciembre.
 "Yo creo que la parte de la ética cae en el ámbito personal y ahí cada quien tendría que decidir si están en condiciones de recibir o no ese emolumento, esa prestación y en esa medida, en esa condición tomar la decisión correspondiente, lo que hemos opinado siempre y creo que si está prestación se da creo que los sueldos en Morelos están bajos, esto es una forma de compensar".
 Indicó que mientras no exista una resolución en la que se especifique que no deben de cobrar este emolumento, la magistrada presidenta del TSJ, dijo que continuarán recibiendo este tipo de prestación, además detalló que ello no merma los trabajos en el Poder Judicial.
 La impartidora de justicia aseveró que los magistrados cuentan con un sueldo de 90 mil pesos, por lo que realizaran el cobro de 270 mil pesos por los 18 impartidores de justicia y cuatro representantes del Consejo de la Judicatura, mientras en el caso de la magistrada presidenta, cuenta con un sueldo de 106 mil pesos mensuales, por lo que recibirá un total de 424 mil pesos.
 Es de recordar que en días pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitió una resolución en donde establece que los magistrados del Poder Judicial no son considerados como trabajadores del Poder Judicial.
 De acuerdo a la resolución de la tesis P. XLIX/2009 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009 en su Pág. 1246 establece que: Los magistrados de los tribunales superiores de justicia de los estados. Son titulares del órgano que encabezan y no trabajadores.
 "Los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados son los órganos que realizan la función normativa propia de los Poderes Judiciales de cada entidad federativa y sus titulares son los Magistrados que los integran (…) Esa titularidad les permite subordinar, a través de las líneas de mando contenidas en la normatividad aplicable, al resto de los servidores públicos. En consecuencia, es claro que aquéllos no están subordinados al órgano, puesto que lo encabezan, ya que la subordinación en materia burocrática es una relación jurídica compuesta por una facultad jurídica del titular en virtud de la cual puede dictar los lineamientos, instrucciones u órdenes que juzgue convenientes para la obtención de los fines del órgano público, y una obligación igualmente jurídica del servidor público de cumplirlos al prestar sus servicios. Lo anterior supone que la subordinación puede predicarse respecto de todos los servidores públicos, con excepción de los titulares de los órganos".
 Por otra parte, los titulares aludidos se exigen la independencia judicial que implica que sus decisiones se basen exclusivamente en el Derecho. De este modo, como la independencia judicial es lógicamente incompatible con la noción de subordinación, es posible afirmar que quienes ejercen la función jurisdiccional dentro del órgano que encabeza uno de los poderes públicos son funcionarios públicos sui géneris ya que, a diferencia del resto, ejercen su función sin más subordinación que la que se tiene ordinariamente ante el Derecho, es decir, sin depender de alguna voluntad humana para llevar a cabo su función esencial.
 Otros elementos que contribuyen que "la caracterización de este tipo de funcionarios son la forma de su designación, la duración en el cargo (inamovilidad judicial), la irreductibilidad salarial y los regímenes disciplinarios y de responsabilidad. Todos estos factores permiten afirmar que la naturaleza jurídica de la función que realizan los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados no permite que sean considerados como trabajadores o empleados".
 Luego de que se resolviera la controversia constitucional 32/2007 del Poder Judicial del Estado de Baja California.
Pie de foto: Magistrados en entredicho.
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Demandan al Ejecutivo Federal por entrega
de concesiones mineras en Guerrero
La montaña, Gro.-La comunidad indígena Me'phaa de San Miguel El Progreso, del municipio de Malinaltepec, en la Montaña de Guerrero, demandó al Ejecutivo Federal por lo que llama entrega  "inconstitucional de concesiones para exploración y explotación minera dentro de su territorio.
A través de una demanda de amparo, la comunidad indígena de San Miguel El Progreso sostiene que la entrega de las concesiones mineras en favor de la empresa de capital inglés Hochschild Mining, sobre los lotes Reducción Norte de Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas, "contraviene la Constitución y los Tratados Internacionales que el Estado mexicano ha ratificado" en la materia.
La demanda de amparo interpuesta el 15 de julio de 2013, radicada en el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Guerrero, bajo el número de expediente 1131/2013, argumenta que las concesiones entregadas por la Secretaría de Economía, "contravienen el derecho colectivo a la propiedad territorial indígena, el derecho constitucional a la protección integral de las tierras indígenas, el derecho a la consulta, las garantías de legalidad y seguridad jurídica, así como el derecho a la protección de las tierras comunales".
La demanda interpuesta por San Miguel El Progreso no sólo alega la posible "inconstitucionalidad" de los actos de autoridad que derivaron en la entrega de las concesiones mineras, también pide que "se analice la inconstitucionalidad de los actos en los que se fundamentó la entrega de las concesiones mineras". Así, la demanda solicita que el Poder Judicial de la Federación  analice si la Ley Minera vigente es compatible con la Constitución y con los Tratados Internacionales firmados y ratificados por México. La Comunidad insiste en que "su carácter indígena y agrario es inescindible", da a conocer en un posicionamiento público.

En los últimos años, el territorio de los pueblos indígenas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero ha despertado la ambición económica debido a los 42 yacimientos mineros que en ella se encuentran. El Gobierno Federal ha otorgado alrededor de 30 concesiones por 50 años para que se realicen actividades de exploración y explotación minera, sin tomar en cuenta los derechos de los pueblos indígenas Naua, Me'phaa y Na Savi. Los títulos entregados en la Montaña corresponden a cerca de 200,000 hectáreas, equivalentes a un tercio de la extensión territorial de esta región.
Los inconformes y su defensa, representada por abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Guerrerense, Tlachinollan, destacan que en el Juicio de Amparo 1131/2013, el Juez Primero de Distrito ya ha concedido a la Comunidad San Miguel El Progreso la suspensión de plano de los actos impugnados, lo que implica que no puede llevarse a cabo ninguna actividad de exploración o explotación minera en el territorio de Júba Wajíín hasta que concluya el proceso. Así mismo es importante señalar que el expediente fue enviado al Juzgado Tercero Auxiliar de Distrito con sede en Acapulco para su resolución, concluyen.
Pie de Foto. Indígenas contra concesiones mineras en la zona de la Montaña
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Breves.-
1.- Analizan riesgos por operación de industria en parque Cañón del Sumidero
Tuxtla Gutiérrez.-La operación de la empresa Cales y Morteros, localizada al interior del parque nacional Cañón del Sumidero, está en análisis por parte de diversas instancias para comprobar si cumple o no con la norma ambiental.
En conferencia de prensa, el delegado de la Semarnat, Amado Ríos Valdés, expuso que se analizan de manera profesional los potenciales riesgos a la población y el medio ambiente y, en caso de que haya afectaciones, se tomarán medidas para evitar que ocurra un daño mayor.
Dijo que las autoridades trabajan para impedir que la población siga teniendo problemas de salud.
Pero también, sostuvo, hay temas jurídicos que tienen que analizarse y eventualmente actualizarse, pues gran parte de ellos datan desde la instalación de la empresa, en 1960, aunque posteriormente se emitió el decreto de creación del parque nacional.
Explicó que la extracción de roca para la elaboración de calhidra es competencia del gobierno del estado, y por lo tanto el material que extrae la mencionada empresa es competencia estatal, aunque el sitio esté dentro de un Área Natural Protegidas (ANP).
Insistió en que el responsable de la autorización del uso del suelo para la extracción de material que se usa en la elaboración de cal es el gobierno del estado y estimó que podrá haber un acuerdo entre las tres instancias de gobierno (federal, estatal y local) para tomar una decisión.

2.- Marchan estudiantes normalistas en Chilpancingo para recordar desalojo
Chilpancingo.-Estudiantes normalistas procedentes de varios estados de la República Mexicana llevan a cabo ayer una marcha con sus compañeros de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, para recordar un desalojo del Congreso del estado hace seis años y exigir el cumplimiento a un pliego petitorio. 
Previamente, oficinas gubernamentales, como el Congreso local y el Palacio de Gobierno, así como algunos negocios cerraron sus puertas, como medida de prevención y elementos policiales fueron acuartelados para atender cualquier emergencia. 
Los manifestantes iniciaron un recorrido desde la Alameda Central por las principales calles de Chilpancingo, hasta el Congreso del estado, donde recuerdan un 14 de noviembre de hace seis años, cuando fueron desalojados por elementos policiales, retuvieron a trabajadores y cerraron la sede del Poder Legislativo.

3.- Gobierno de Chiapas podría anunciar acuerdos con la CNTE en las próximas horas
Luego de seis mesas de diálogo en la Secretaría de Gobernación con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de las secciones 7 y 40 del estado de Chiapas, el gobierno del estado admitió que no se han logrado acuerdos concretos con los integrantes del magisterio. 
Entrevistado previo a encabezar la sexta reunión, Eduardo Ramírez, secretario de Gobierno de Chiapas, dijo que no aún no hay puntos de convergencia entre ambas partes, que todavía se están poniendo en la mesa los planteamientos de los maestros. 
Eduardo Ramírez indicó: " nada en concreto, se ha estado hablando de manera general los puntos, no podría dar información al respecto porque todavía no se ha llegado a puntos de convergencia entre ellos y nosotros". 
Sin embargo, consideró que en las próximas horas se podría hacer el anuncio sobre los avances que se logren luego de esta mesa que se desarrolla en Gobernación sobre temas específicos como infraestructura, bilateralidad entre el sindicato y autoridades, así como un mayor compromiso en la gestión de recursos. 
Insert-"Mayor infraestructura, garantizar el respeto de bilateralidad entre el sindicato y las autoridades, pero finalmente vamos a llegar a acuerdos que en las próximas horas vamos a estarlos anunciando". 

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