México, DF.- La ONU dispone de reportes sobre empresas privadas de seguridad estadunidenses, compuestas por ex militares, que trabajan en suelo mexicano en la protección de intereses privados, en tareas de capacitación y en asesoramiento.
De acuerdo con el presidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Utilización de Mercenarios, José Luis Gómez del Prado, desde hace años la ONU tiene en su poder esos reportes.
Este Grupo de Trabajo, con sede en Ginebra (Suiza), ha pedido explicaciones al gobierno mexicano sobre la supuesta participación de empresas de seguridad estadunidenses en el país, sin que haya tenido respuesta, señala Gómez del Prado, citado por la BBC Mundo.
"Cuando en 2010 empezamos a ver la tendencia en México de que contratistas privados de seguridad se estaban estableciendo, por ejemplo para dar vigilancia a pozos de petróleo, pedimos a las autoridades una visita del Grupo de Trabajo para tratar este tema, sin que hayamos tenido una respuesta hasta ahora", añade.
Según uno de los informes presentado por la ONU, desde 2006 se tienen denuncias de que empresas militares y de seguridad de EU supuestamente entrenaron en el estado de Guanajuato a policías federales mexicanos en prácticas de tortura, señala Gómez del Prado.
Otro de los informes recibidos por el grupo, explica, se refiere al reclutamiento de ex militares de EU "con experiencia internacional" para vigilar instalaciones de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
"Hemos estado realizando informes en Honduras, Ecuador, Perú, Chile... los dos únicos países de Latinoamérica donde no hemos podido llevar a cabo una misión sobre el terreno son México y Colombia, a pesar de que hemos insistido mucho", enfatiza Gómez del Prado en sus declaraciones a la agencia de noticias británica.
Siempre según la BBC Mundo, el gobierno mexicano no pudo confirmar el estado de esas solicitudes.
Oficialmente no existen en México fuerzas privadas similares a las que han operado en países como Irak o Afganistán a través de compañías como Blackwater-Xe.
El debate sobre la presencia de trabajadores extranjeros se intensificó esta semana, después de que un artículo publicado por el diario New York Times sugiriera que la Casa Blanca estaría planeando enviar un equipo de contratistas que trabaje con las unidades especiales mexicanas de lucha contra el narco.
En un comunicado, el gobierno de México rechazó pronunciarse sobre la veracidad del artículo, aunque aclaró que "el personal extranjero no lleva a cabo ninguna labor operativa ni porta armas" en México.
Pero no está claro si ese personal extranjero pertenece a alguna empresa privada o si sólo se refiere a los agentes de las distintas agencias gubernamentales estadunidenses que operan en México y que no portan armas.
En la actualidad, los programas de asistencia a través de la Iniciativa Mérida son de carácter gubernamental, con agentes de EU.
A decir del experto en seguridad Raúl Benítez Manaut, consultado por la BBC Mundo, "en el corto plazo no veremos a contratistas armados norteamericanos" trabajando con autoridades locales, como ha ocurrido en otros países del continente.
"La práctica de contratar mercenarios está muy extendida en todo el mundo. En México, básicamente se limita a la contratación de ex militares para la protección de empresas privadas americanas: hoteles, industrias... pero por ahora no les veremos armados en la lucha al narco, como ha ocurrido en Colombia", asegura el especialista del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN).
"Otra cosa es que vengan sin armas, fuera de cualquier programa de gobierno, como asesores que llegan a vender su conocimiento", apunta Benítez Manaut.
Lo que es un hecho es que la lucha contra el narcotráfico en México se está convirtiendo en un negocio redondo para las empresas contratistas estadunidenses que, según datos del Senado de Estados Unidos, han ganado en un periodo de cuatro años 170.6 millones de dólares a través de contratos con los Departamentos de Defensa y de Estado.
"Los millones que Estados Unidos dice destinar a ayudar a la guerra contra el narcotráfico no llegan directamente a los gobiernos locales", dice a BBC Mundo el presidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Utilización de Mercenarios, José Luis Gómez del Prado.
El paquete prometido de la Iniciativa Mérida, de mil 400 millones de dólares de ayuda estadunidense a México y Centroamérica en su lucha contra el crimen y el narcotráfico, estaría gastándose, asegura el relator, "en la venta de tecnología de guerra …y en manos de los contratistas".
De hecho México es el segundo país de América Latina donde más contratos se han realizado para asistir en la lucha contra el narcotráfico desde 2005, sólo superado por Colombia, según un informe publicado en junio por el Subcomité de Supervisión de Contratistas del Senado de EU.
Estos contratos con empresas privadas contemplan la prestación de servicios como el mantenimiento de aviones, entrenamiento, labores de logística, inteligencia, vigilancia o tecnologías de la información.
La llegada de dólares para los contratistas no ha parado de crecer desde que hace 5 años se iniciara la ofensiva mexicana a los cárteles del narcotráfico.
En México, el gasto estadunidense en contratistas alcanzó su máximo en 2008 (con 64.4 millones de dólares), coincidiendo con el comienzo de la Iniciativa Mérida.
El informe señala que Estados Unidos ha pagado al menos 3 mil 100 millones de dólares a contratistas en la lucha contra las drogas en todo el continente. En sólo cuatro años, este gasto creció 32%.
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