El Supremo de EE UU respalda el artículo más polémico de la ley de Arizona

lunes, junio 25, 2012

El Supremo de EE UU respalda el artículo más polémico de la ley de Arizona

Washington.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó  que solo el Gobierno federal tiene el poder para dictar leyes contra la inmigración ilegal y que Arizona fue demasiado lejos al promulgar la ley conocida como SB 1070. El más alto tribunal de EE UU dejó sin efecto la mayoría de sus disposiciones excepto quizá la parte más polémica, aquella que permite a la policía comprobar el estatus migratorio de quien considere necesario. "Papeles, por favor", como popularmente se conoce la disposición, puede aun así ser objeto de demandas legales adicionales, argumentan los jueces.

Esta parte de la ley fue la que movilizó a los hispanos de Arizona, acosados por los agentes del sheriff Arpaio, conocido por sus declaraciones indisimuladamente racistas. Tras la sentencia del Supremo, la policía podrá seguir parando a alguien si "hay sospecha razonable de que está en EE UU de forma ilegal", algo insólito en un país donde ni siquiera existe el carnet de identidad.

El dictamen es, no obstante, una victoria parcial para la Administración de Barack Obama al promulgar el Supremo que los Estados no pueden regular en materia de inmigración. El alto tribunal, con cinco votos a favor y tres en contra, derogó las siguientes cláusulas: que el Estado de Arizona —con casi 600 kilómetros de frontera con México— pueda considerar delito que los inmigrantes no porten consigo documentos que prueben su estatus (la policía podría así llevar a comisaría a un sospechoso para comprobar su situación migratoria); que pueda considerar un acto criminal solicitar un trabajo cuando no se tengan papeles; y que pretenda arrogarse la capacidad de detener a gente solo por la sospecha de que reside ilegalmente en el país.

"Arizona puede sentir una frustración razonable con los problemas que causa la inmigración ilegal", escribe el juez Anthony Kennedy como argumento de la mayoría. "Pero el Estado no puede proclamar políticas que minan la ley federal", sentencia.

Arizona puede tener frustraciones entendibles con los problemas que causa la inmigración ilegal", ha escrito el juez Anthony Kennedy como argumento de la mayoría.

Los jueces Ruth Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y el jefe del Tribunal, John Roberts, se sumaron a la opinión de Kennedy, que concede muy poca autoridad a los Estados en materia de inmigración. Los magistrados Antonin Scalia, Clarence Thomas y Samuel Alito escribieron cada uno alegatos particulares. El más duro de todos ellos fue Scalia, al plantear que la soberanía de Arizona ha quedado desprotegida, ya que como Estado "puede excluir a personas de su territorio".

La polémica SB 1070 fue promulgada por la gobernadora republicana Jan Brewer en abril de 2010 con fuertes críticas por parte de grupos de derechos civiles que la consideran una forma de discriminación racial.

La decisión del Supremo llega en un momento en el que el tema de la inmigración está más candente que nunca. A cinco meses de las elecciones presidenciales cada voto cuenta y el latino es numeroso. Obama expresaba ayer su satisfacción a través de un comunicado: "Esta decisión prueba que el Congreso debe iniciar una reforma global de la ley migratoria. Un mosaico de leyes no es la solución al roto sistema de inmigración, es parte del problema".

PIE DE FOTO: El veredicto bloquea varios elementos excepto el más polémico: la policía todavía puede pedir documentos.

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Lugo mantiene gabinete en la sombra y va a las cumbres de UNASUR y MERCOSUR

Asunción.- El presidente paraguayo destituido, Fernando Lugo, anunció en que su gabinete seguirá funcionando para fiscalizar a su sucesor Federico Franco, cuyo gobierno se encuentra aislado en América Latina y con focos de protesta crecientes.

Poco antes del amanecer, Lugo anunció en rueda de prensa que dará continuidad a su cuerpo de ministros al estilo de un gabinete a la sombra del oficial, para monitorear sus actividades.

"Con los ministros queremos convertirnos en fiscales, observadores y monitorear todo lo que van a hacer los nuevos ministros", dijo el presidente destituido.

En el plano externo, la situación de Paraguay también se complica no sólo por la retirada o llamada a consulta de los embajadores de casi todos los países de América Latina, que continuaron durante la jornada del domingo, sino también porque será Lugo, y no Franco, quien asista a las cumbres de la UNASUR el miércoles en Lima, y del Mercosur el jueves y viernes en Mendoza, Argentina.

El Mercosur suspendió la participación de Paraguay en la cumbre de Mendoza y Lugo solicitó a la presidenta argentina Cristina Kirchner (anfitriona de la cumbre) "tener una presencia en esa reunión para poder explicar pormenorizadamente lo que ha ocurrido aquí la semana pasada".

Estados Unidos se declaró este lunes "bastante preocupado" por la rapidez del juicio político que destituyó a Lugo, indicó la portavoz del Departamento de Estado, que precisó que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, conversó con su par brasileño, Antonio Patriota, durante el fin de semana.

La portavoz indicó que Estados Unidos adoptará una reacción a lo ocurrido en Paraguay en concertación con sus socios de la OEA, organismo que convocó para mañana martes a su Consejo Permanente para tratar la crisis paraguaya.

Tras reunirse con sus ministros, entre los que se encontraban el ex canciller Jorge Lara Castro, y el ex ministro del Interior Carlos Filizzola, Lugo dijo a la AFP que concurrirá a la reunión de la Unsaur, el miércoles, donde planea entregar en forma anticipada la presidencia pro témpore del bloque al presidente peruano Ollanta Humala.

El presidente Franco, a su vez, juramentó a varios ministros en la sede del gobierno y la Corte Suprema de Justicia rechazó una acción de inconstitucionalidad presentada el viernes por Lugo para anular el juicio político que le entabló el Congreso.

Entre los principales nombrados se encuentra el ministro de Relaciones Exteriores, José Félix Fernández Estigarribia (Partido Liberal), y el ministro del Interior, Carmelo Caballero (Partido Colorado), ambos cargos anunciados el viernes pasado poco después de la toma de mando.

Franco no ha confirmado quién asumirá la secretaría de Hacienda y mantuvo en Agricultura al liberal Enzo Cardozo.

En Paraguay prosiguen las protestas sociales contra el nuevo gobierno, focalizadas en una concentración que el domingo llegó a dos mil personas, que fue interrumpida voluntariamente en la madrugada y prevista para reanudar este lunes por la tarde.

El Frente Guazú, integrado por 19 partidos y movimientos políticos de izquierda, y el Frente por la Defensa de la Democracia (FDD), integrado por algunos políticos liberales y colorados opuestos a la destitución de Lugo, preparaban medidas para oponerse al gobierno Franco.

Lugo dijo que tanto él como su gabinete de fiscalización apoyarán las medidas de protesta en tanto se desarrollen de manera "pacífica, pacífica, pacífica".

PIE DE FOTO: El presidente paraguayo destituido, Fernando Lugo.

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BREVES

1.- Denuncia relatores incremento de violencia contra periodistas

Cuatro relatores especiales para la libertad de expresión, designados por organismos internacionales, denunciaron  el alarmante aumento de la violencia contra periodistas y urgieron a los gobiernos a actuar ante este fenómeno.

El señalamiento está incluido en una declaración, firmada por los relatores de Naciones Unidas (ONU), Frank La Rue; de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH), Catalina Botero Marino.

También signaron el documento el relator de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea (OSCE), Dunja Mijatovic, y la relatora de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), Faith Pansy Tlakula.

La declaración repudia los inaceptables índices de delitos contra la libertad de expresión como asesinatos, amenazas de muerte, desapariciones, acciones judiciales y encarcelamiento contra los comunicadores.

La declaración conjunta fue emitida al término de un encuentro extraordinario en Puerto España, Trinidad y Tobago, e insta a los gobiernos a investigar estos delitos con rapidez y efectividad, y a promover una mayor transparencia de las investigaciones.

Señalaron que los crímenes contra periodistas y otros comunicadores no sólo representan ataques contra las víctimas, sino que afectan a la libertad de expresión en sí misma, al tener un efecto disuasivo para el libre intercambio de información e ideas.

 

 

2.- Protestan en NY contra decisión de Corte Suprema por ley antiinmigrante

Decenas de líderes proinmigrantes, religiosos y funcionarios electos, protestaron hoy frente al edificio federal de inmigración en Nueva York, contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la ley antiinmigrante de Arizona SB1070.

La Suprema Corte invalidó tres apartados de la legislación, pero avaló la norma que permite la participación de la policía local como agente de inmigración en Arizona, que puede solicitar documentos migratorios a quien sea sospechoso de ser indocumentado.

Con una oración dieron inicio a la manifestación, que repudió la decisión de dar poder a los Departamentos de Policía locales en Arizona a que indaguen la condición migratoria de quien sospechen han cometido un crimen.

"Vamos a seguir la lucha hasta que el gobierno federal apruebe una protección total. Dios escucha el clamor de la comunidad inmigrante que sufre la exclusión y la división de familias", dijo el reverendo Fabián Arias.

Los líderes indicaron que este fallo da luz verde para que otros estados de la nación moldeen y hasta promulguen legislaciones que promuevan el perfil racial y la discriminación.

Ana María Archila, de Se Hace Camino Nueva York, dijo que las organizaciones en Nueva York se unirán aún más en contra de legislaciones antiinmigrantes y que se movilizarán para ayudar a que las comunidades de inmigrantes muestren su poder.

 

 

3.- Ecuador no se decide a acoger a Julian Assange

Quito indicó que no existe una fecha límite para que el fundador de WikiLeaks deje la embajada de ese país en Gran Bretaña, donde está refugiado tras un pedido de extradición.

 Lo que en un momento pareció una certeza comenzó a demorarse hasta convertirse en una duda. Julian Assange llegó el último martes al edificio de la delegación diplomática ecuatoriana en Londres para pedir asilo, luego de que la Justicia diera visto bueno a un pedido de extradición de Suecia, donde se lo acusa de delitos sexuales. Pero la decisión no llega.

Tras la maniobra del ex hacker comenzaron las interpretaciones sobre su relación con el presidente Rafael Correa. Assange lo entrevistó recientemente y un diario oficialista había sido el elegido para divulgar los cables filtrados por WikiLeaks, por lo que se señaló cierta empatía entre ambos. Incluso la prensa ecuatoriana indicó que la relación con la embajada se tejía desde hace meses y que el gobernante estaba advertido de lo que ocurriría.

Lo cierto es que en Quito no existe una medida aún. Correa se reunió este lunes con su canciller, Ricardo Patiño, y con Ana Albán, su embajadora en Londres, reportó El Comercio. Tras dos horas de un hermético encuentro, no trascendió nada de lo conversado.

Consultado sobre el caso, Patiño remarcó que no existe un límite para que Assange permanezca en la embajada. Puede ser un mes o cinco años, declaró el ministro, quien negó que él o Correa hayan hablado personalmente con el prófugo.

Assange alega ser un perseguido político y ha manifestado su temor de que, de ser trasladado a Suecia, sea enviado a los Estados Unidos, donde según él puede ser condenado a pena de muerte por espionaje.  

 

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