*Inicia SHCP investigación contra la firma ISOSA que operaba las aduanas.
Lino Javier Calderón
La Auditoria Superior de la Federación (ASF) detecto que funcionarios aduanales en contubernio con las principales firmas concesionarias del segundo despacho aduanal que operan en las principales garitas del país no reportaron operaciones aduanales con un valor de dos mil 585 mil 973 millones de pesos tan sólo en el 2003, y las cuales no se han aclarado tanto en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y en la Administración General de Aduanas (AGA).
Esto a partir que al interior de AGA se anunció que dentro de las aduanas han comenzado los trabajos con miras que la empresa Integradora de Servicios Operativos SA de CV (ISOSA), a la que se han destinado más de 9 mil 200 millones de pesos del cobro de derechos aduaneros para su sostenimiento, sin enterarlos al erario, quede liquidada "a más tardar a mediados de 2006".
Esta empresa, que opera con recursos públicos en el fideicomiso Aduanas 1, número 954-8, instituido en Nacional Financiera, fue creada el 15 de junio de 1993 por el entonces subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y con la asesoría del abogado Santiago Creel Miranda, del despacho Noriega y Escobedo y la cual termina su contrato el primero de enero de 2006 luego de más de 10 años de operar la segunda revisión aduanero .
De acuerdo con datos de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) de la cuenta pública 2003 que se dieron a conocer en marzo de este año la información ha sido corroborada ya que forman parte de los ingresos por derecho de Trámite Aduanero Ordinario que se reporta a la Administración General de Aduanas (AGA) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
Llama la atención que además aún se encuentran pendientes de solventar observaciones por 2 mil 002 millones de pesos de la Cuenta Pública 2002 y 4 mil 676.2 millones de pesos de la Cuenta Pública 2001.
Este mismo mes el Servicio de Administración Tributaria (SAT), organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), concretó en menos de un mes un paso más en la privatización de las aduanas de México al otorgar el ''título de autorización'' para que cinco empresas extranjeras a fin de que realicen tareas de revisión de mercancías, clasificación arancelaria y verificación del valor de los productos importados, al interior de los 48 recintos aduanales diseminados en todo el país. Según el acta de resolución del pasado primero de noviembre de este año, entre las empresas que podrán desarrollar estas tareas figura la trasnacional SGS Société Générale de Surveillance, presumiblemente relacionada con alfos funcionarios del gobierno federal.
El documento sustentado Arturo González de Aragón, director de la ASF, indica que desde hace doce años después de la apertura de las aduanas mexicanas a empresas privadas, la eficiencia del control para el tránsito de mercancías no mejoró. Por el contrario, disminuyó 2.6 puntos porcentuales de un índice elaborado específicamente para medir los tiempos de duración del reconocimiento de mercancías en las garitas fiscales.
El reporte de la ASF asegura que es evidente que en los hechos, la operación privada de las aduanas tampoco detuvo el contrabando ni erradicó las irregularidades en los trámites para el ingreso o salida legal de mercancías.
La muestra realizada por el organismo del Congreso, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2003, arrojó que de 7 mil transacciones de importación revisadas en el primer trimestre de ese año, 20 por ciento presentó "irregularidades principalmente en materia de subvaluación de mercancías, la triangulación de origen y la falsificación y/o alteración de documentos".
De acuerdo con informes de la Secretaría de Hacienda, desde 1993 la Administración General de Aduanas comenzó a transferir atribuciones de revisión de mercancías a empresas privadas, con el objetivo de "combatir el contrabando" y facilitar las transacciones de comercio exterior. Para finales de 2005 se tiene previsto renovar o asignar nuevos contratos a compañías interesadas en realizar operaciones de apoyo, control y dictamen en éstas.
Esto a pesar de que conceptualmente "el tema aduanero es asunto estratégico, que interesa a los contribuyentes que realizan operaciones de comercio exterior y al gobierno en particular, ya que de su labor depende garantizar la seguridad nacional y proteger la economía del país, la salud pública y el medio ambiente al impedir el flujo de mercancías peligrosas o ilegales, de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", definió la ASF en su más reciente informe.
Sin embargo, de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2003 realizada por la ASF se desprende que únicamente 19.2 por ciento de pedimentos tramitados son verificados y los que se llevan a cabo no cumplen el objetivo de "eficientar el control aduanero", ya que "la mejora operativa para el total de las aduanas disminuyó 2.6 puntos porcentuales, al pasar de 85.8 por ciento en 2001 a 83.2 por ciento en 2003, aun cuando el número total de pedimentos tramitados disminuyó 3.7 por ciento y el de reconocimientos efectuados 0.6 por ciento".
Medida en ingresos, la eficiencia de las aduanas del país también dejó mucho que desear en la revisión de la ASF, pues el margen establecido en 12 recintos fiscales "se situó por debajo del promedio nacional de 19 mil 590.8 pesos". Se constató, señala el reporte de auditoría, que "si bien en 33 aduanas no se registraron pérdidas, los niveles estuvieron por debajo de la media, fluctuando entre 19 mil 241.03 pesos y 258.24 pesos por pedimento; en una aduana el margen de eficiencia resultó negativo en 410.87 pesos".
El reporte indica que durante el año 2003, el SAT incumplió la cláusula tercera de los convenios modificatorios al contrato de Fideicomiso Aduanas 1, en la que se establece que la fiduciaria debe recibir de la Tesorería de la Federación (TESOFE) las cantidades que le sean entregadas por concepto de contraprestaciones por los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados para realizar el despacho aduanero y las demás operaciones que la SHCP autorice.
“Doce empresas que prestan los servicios de apoyo y control del despacho aduanero al SAT, se contrataron para realizar 19 servicios, pero con las modificaciones a los cuatro addendums, quedaron sólo 12 de ellos. Como resultado de la compulsa con la empresa SGC Servicios Logísticos Aduaneros, S.A. de C.V., se determinó que ésta sólo prestó cuatro servicios de los estipulados, habiéndosele pagado 29 millones 926 mil pesos correspondiente a 665,681 pedimentos tramitados en las aduanas de Tijuana, San Luis Río Colorado y Ensenada, sin considerar que dichos servicios habían disminuido.
La ASF aseguró que las empresas Consorcio de Comercio Exterior de Nuevo Laredo, S.A. de C.V. y Consorcio de Comercio Exterior de Guadalajara, S.A. de C.V., no entregaron la información solicitada bajo el argumento de que las contraprestaciones que reciben no constituyen recursos públicos, ya que corren a cargo de los particulares beneficiarios de los servicios prestados; asimismo, señalaron que estas empresas no corresponden a la definición de “Entidades Fiscalizadas” previstas en la fracción VI del artículo 2° de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, motivo por el cual no son sujetas de fiscalización por parte de la ASF, y por ello, no tienen obligación de proporcionar tal información.
Además el organismo auditor indicó que el SAT no proporcionó a la ASF la información del Fideicomiso Aduanas 1 núm. 954-8 y de la empresa Integradora de Servicios Operativos, S.A. de C.V. (ISOSA), argumentando que el SAT participó en la constitución del Fideicomiso en su carácter de gestor de negocios, por lo que está legalmente imposibilitado para proporcionar información. Sin embargo, se considera que su negativa infringe la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
ISOSA tampoco proporcionó la información solicitada, manifestando que es una Sociedad Anónima de Capital Variable, la cual maneja exclusivamente recursos privados.
Señala que se formularon 8 observaciones que podrían generar 12 acciones promovidas, las cuales no se emiten en atención a la suspensión concedida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación derivada de la Controversia Constitucional que, en la materia, interpuso el Ejecutivo Federal.
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