* ASE y SSP, encubren a la española Prosegur; Grumer su prestanombre
*Pretenden controlar el flujo millonario entre bancos a su capricho
Leonardo Juárez y Alma Delia Rodríguez
MEXICO.-La PGR y la Procuraduría del Distrito Federal, así como la SEDENA, investigan a la
empresa española Prosegur, quien en plena violación a la normatividad mexicana,
adquirió empresas de traslado de valores para operar en territorio nacional sin
ninguna restricción.
Por si fuera poco, cuerpos policiacos estales y federales, al parecer se encuentran
en contubernio, especialmente la Agencia Estatal de Seguridad (ASE), del estado de
México a cargo David Garay Maldonado, quien por cierto, para que estén equipados sus
elementos en las diversas regiones, les renta en 150 mil pesos, 20 armas largas.
En el ajo también están las Secretarías de Seguridad Pública Federal y del Distrito
Federal, entre otras.
El ambicioso proyecto de la holding española Prosegur, S. A. para apoderarse del
mercado mexicano de traslado de Valores inició con el asesoramiento de despachos
profesionales de abogados y fiscalistas a nivel internacional y nacional, para
operar en territorio nacional, sin ninguna restricción.
Para tales fines, contrataron los servicios del despacho de abogados, Balaguer
Morera & Asociados, quienes efectuaron un estudio detallado de nuestra normatividad,
con el único propósito de violar la legislación mexicana y adquirir empresas
nacionales para disfrazar sus actividades en el país. Simultáneamente, para
establecerse en tierras aztecas sin problemas.
Complejo de la Malinche
Para todo lo anterior, trascendió se realizó cabildeo entre diputados locales,
federales y altas autoridades del ramo de la Seguridad Pública para afianzarse en el
mercado sin ningún riesgo o cuestionamiento de parte del gobierno mexicano.
Ya con el terreno preparado con las acciones y consejos de Balaguer Morera &
Asociados, y de los Bufetes; Goodrich, Riquelme y Asociados., Bomchil, Castro Caro,
Arosamena y Asociados, y Price Water House Coopers en cuanto a rutas “alternativas”
para incorporarse al mercado mexicano del transporte de valores eludiendo la
prohibición expresa de la leyes mexicanas, procedieron a sus instrucciones.
Así concretaron con los “enlaces preestablecidos por sus consejeros” a celebrar
desde el 30 de octubre de 2007 un contrato de “prestación de servicios” por medio de
la previamente mexicanizada Pro-S Protect Seguridad Privada, Custodia de Valores y
Gestión en Efectivo, S. A. de C. V. con la empresa nacional, Grupo Mercurio de
Transportes, S. A. de C. V., como primer paso para lograr sus objetivos.
Entonces representaron a la compañía oficializada como “Protect”, Germán Arribas de
la Casa y Carlos Gustavo Carrizo y por la condesada como “Grumer”, extrañamente solo
Javier Artigas Escobar a pesar de reconocerse como socio igualitario a Cuauhtémoc
Morales Sepúlveda.
En dicho contrato entre particulares, sin notificar a las autoridades hacendarías,
conste, especifican que; “debido a la negociación, ejecución y firma del
contrato...relacionado con Protect, Grumer y Santander...(por lo que) ambas partes
reconocen ...como secreta...y se obligan a mantener en secreto dicha Información
Confidencial”. “El incumplimiento de esta cláusula, dará lugar al pago de 500 mil
dólares,,,como pena convencional ...por su incumplimiento.”
Fines oscuros para controlar dinero nacional
Para amarrar sus fines, la Holding Ibérica Prosegur, S. A. procede el 15 de
noviembre de ese 2007 a la firma de otro contrato, éste bajo la definición de
“Convenio Marco” de colaboración entre Grumer, ahora sí con Cuauhtémoc Morales y
Javier Artigas, pero con “don” José Antonio Rivera Pineda y Germán Arribas de la
Casa , personeros de Pro S Protect, apenas constituida el anterior mes de abril ante
el Notario Público, con el “objeto de intercambiar experiencias en
comercialización, capacitación, imagen de unidades blindadas, uso de nuevas
tecnologías y procedimientos administrativos”.
El siguiente paso documentado del Consorcio Prosegur, S. A.,representado por sus
personeros anotados y los accionistas de Grumer, S, A,, fue la firma de un nuevo
contrato el 29 de enero del 2008, ahora de compra venta de los bienes muebles e
inmuebles de la empresa mexicana Grumer, así como; “la facultad para obtener y
negociar la cesión de la totalidad de los derechos y obligaciones de éstos, por un
total de 32 millones 769 mil 600 pesos más IVA” , mediante “transferencia
electrónica a la cuenta 00104885678 de Grumer por CLABE del Banco Scotianbank
Inverlat, S. A.”.
Este mismo día, y con base en un “acuerdo marco” signado el 1 de octubre no
revelado, se firmó un contrato para que los accionistas de Grumer ya citados
cumplieran su compromiso de “opción de compra” concedido a “Protect” de la totalidad
de las acciones de la empresa en manos de Cuahtémoc Morales, de 4 mil serie “A” y
22,717 serie “B” y de Javier Artigas, unas 14 mil serie “A” y unas 18 mil serie “B”.
para un total de 50 mil 4 acciones estimadas en 5 millones 400 pesos, que éstos se
obligan a otorgar a favor de Protect, con los derechos exclusivos para ellos o
terceros designados, para la adquisición de estas acciones dentro de un plazo de 15
años a partir de la fecha.
Ya con la seguridad de disponer de la empresa Grumer a su albedrío, todavía el 15 de
febrero de 2008, Grupo Mercurio, ahora con la representación de Fernando Aramburu
Azpiri y Rosendo Antonio Salazar Maza, celebra un contrato de “prestación de
servicios” con su tutora “Pro-S Protect, Seguridad Privada, Custodia de Valores y
Gestión de Efectivo, S. A. de C. V., ahora representada por José Antonio Rivera
Pineda y Manuel González Iturrino, en la que Grumer aparece como la empresa que
acepta la subrogación de servicios que le hace su “cliente” Protect, cuando ya tiene
el control de ambas el Holdig Ibero Prosegur, S. A.
Finalmente, para el 29 de julio del 2008 los megainversionistas españoles
–argentinos ya tenían preparado el golpe final para la concretación de su proyecto
con la firma de un convenio modificatorio del contrato del “contrato de opción”
signado el 29 de enero del 2008, ahora propuesto para Cuauhtémoc Morales y Javier
Artigas por Grumer, con Germán Arribas de la Casa y Carlos Gustavo Carrizo por
“Protect”, en el que determinan la forma de pago de 6 millones 944 mil 944 dólares,
unos 90 millones 284 mil 272 pesos aproximadamente por el derecho de compra de todas
las acciones de Grumer.
Empero requisitan los encisos d) e i) que Protect quedará liberado de su obligación
de pago y los accionistas quedan obligados a devolver las cantidades recibidas (casi
150 millones de pesos) en caso de que a Grumer les fueran canceladas, revocadas o
limitadas cualquiera de sus licencias, permisos o autorizaciones registradas en los
contratos firmados.
En fin, muchas triangulaciones, bajo el agua, a fin de eludir las leyes mexicanas,
entre las que destacan la Ley de Inversión Extranjera, la Ley General de Sociedades
Mercantiles, Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y Su reglamento, Ley de
Seguridad Pública Federal y del Distrito Federal, Reglamento de la Ley de los
Servicios de Seguridad Prestados por Empresas Privadas, entre otras.
