RECHAZA SCJN CONSENTIMIENTO ESTATAL PARA CARRETERAS FEDERALES

Nadia Hernandez Soto
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió este martes que el Gobierno federal no requiere consentimiento de los Estados para operar carreteras, y dio la razón a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su disputa con el Gobierno de Chihuahua por el control de una vía de 75 kilómetros.
Por siete votos contra cuatro, la Corte declaró que el Gobierno federal no necesita la anuencia de los congresos estatales para ejercer su jurisdicción sobre bienes de uso común o aquellos que, como las carreteras, están destinados a un servicio público.
La controversia con Chihuahua comenzó hace casi tres años, cuando a propuesta del ex Gobernador Patricio Martínez la mayoría priista en la Legislatura local aprobó la instalación de una caseta para cobrar peaje estatal en la carretera Hidalgo del Parral-Jiménez.
El 7 de marzo de 2003, el Centro SCT en Chihuahua envió un oficio en el que pidió a las autoridades estatales abstenerse de cobrar, pues se trata de una vía de jurisdicción federal que forma parte de la carretera México-Ciudad Juárez.
Ante este requerimiento, el Gobernador presentó una controversia constitucional, en la que alegó que el artículo 132 de la Carta Magna señala que es necesario el consentimiento de las legislaturas estatales, para que el gobierno federal pueda ejercer su jurisdicción sobre bienes que adquiere para un servicio público en el territorio de cierta entidad.
La Corte legitimó la actuación de la SCT. El ministro Salvador Aguirre Anguiano advirtió que, en caso contrario, se daría a los estados la oportunidad de "permanecer incomunicados o con fronteras virtuales", y además, desalentaría la inversión federal en carreteras ante el riesgo latente de que los gobiernos locales instalen sus propias casetas para cobrar peaje.
La minoría sostuvo que, a partir de la entrada en vigor de la Constitución de 1917, sí es necesario el acuerdo de las Legislaturas locales.
"A partir de ese momento", afirmó Guillermo Ortiz Mayagoitia, "los bienes que en lo subsecuente adquiera el Gobierno federal, donde desarrolle obras para el servicio público, o para bienes de uso común indefectiblemente ameritan contar con un acuerdo, un decreto legislativo, a través del cual el Estado sustrae de su jurisdicción una parte de su territorio, por pequeña que sea, para entregarla a la Federación".
Este es el segundo conflicto por control carretero que la Corte resuelve en los últimos años. En octubre de 2003, los ministros invalidaron un artículo de la Ley de Ingresos de la Federación de aquel año, en el cual el Congreso autorizó a los Estados y Municipios para construir carriles paralelos a las carreteras federales y cobrar peaje en ellos.
En esa ocasión, los ministros señalaron que esto sólo es posible si existen convenios previos entre la SCT y el Gobierno interesado, sin que el Congreso pueda delegar directamente esta facultad a los Estados.