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La Secretaría de Economía (SE) sugiere la eliminación del impuesto que impone México a los refrescos con fructosa, y a cambio aplicar un arancel a las importaciones del edulcorante.
El titular de la dependencia, Fernando Canales Clariond, explicó que así el gobierno federal saldría de la "inconstitucionalidad en que incurrió con ese gravamen, y establecería mecanismos que obligarían a Estados Unidos a designar a su panelista para dirimir el conflicto bilateral en la materia".
La Secretaría de Economía (SE) sugiere la eliminación del impuesto que impone México a los refrescos con fructosa, y a cambio aplicar un arancel a las importaciones del edulcorante.
El titular de la dependencia, Fernando Canales Clariond, explicó que así el gobierno federal saldría de la "inconstitucionalidad en que incurrió con ese gravamen, y establecería mecanismos que obligarían a Estados Unidos a designar a su panelista para dirimir el conflicto bilateral en la materia".
Adelantó que en octubre el Comité Administrador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se reunirá para analizar la agenda trilateral.
El lugar del encuentro, que se realiza cada año y que hoy le corresponde a México organizarlo, será Acapulco, Guerrero.
Para nuestro país, el tema más importante en esta reunión será el del azúcar.Desde enero de 2002, México aplica un impuesto especial a los refrescos elaborados con fructosa, acción que ha sido justificada por los legisladores mexicanos con el hecho de que Estados Unidos incumple el TLCAN.
En el texto del acuerdo trilateral se estipula que desde octubre de 2000, México podría exportar sus excedentes totales de azúcar al vecino del norte, que es un mercado con precios preferenciales.O sea que los estadounidenses están obligados a comprar a México las 500 mil 600 toneladas adicionales del dulce.Canales Clariond señaló que por "muchas razones" -sin precisar cuáles-, el impuesto a la producción de bebidas embotelladas con edulcorantes diferentes al azúcar no es la solución más idónea para resolver el diferendo que persiste con EU en el marco del TLCAN.
Además, apuntó, la Organización Mundial del Comercio (OMC) ya calificó de violatoria la acción de México.
También recordó que ha habido distintos litigios en tribunales nacionales, que han declarado inconstitucional el gravamen, y los ganadores de éstos han sido los productores de refrescos.El titular de la SE puso énfasis en que el TLCAN fue negociado hace 13 años, y en el mismo la Unión Americana se comprometió a adquirir los excedentes del dulce mexicano.
Pero hasta "hoy el vecino del norte no ha cumplido" ese pacto, o sea que "ésta es una situación técnica de incumplimiento".Sin embargo, dijo, nuestro gobierno no ha podido demandar a Estados Unidos, porque en los mecanismo de solución de controversias del TLCAN, que "no negoció la presente administración", está previsto que sea un panel que integren las partes (México y EU).
En ese caso, el vecino del norte simplemente se ha negado a designar a su panelista, por lo que no se ha constituido un tribunal competente para resolver la disputa.
Práctica deslealOtro obstáculo para México en el referido conflicto, es que la OMC prohíbe el dumping, es decir vender en el exterior a precios diferentes a como se comercializa el producto en su país de origen.Ello significa que si México vende el azúcar a los mismos precios que establece en el mercado interno, puede resultar barata y parecer que está incurriendo en dumping.Sólo por eso los estadounidenses tendrían derecho a demandar a México por esa práctica desleal de comercio.
Desde octubre de 2003, los sectores privados del azúcar, maíz y fructosa de EU y México mantienen negociaciones para resolver este problema.Los estadounidenses pretenden que se elimine el mencionado impuesto, y modificar el TLCAN para limitar las exportaciones mexicanas de azúcar con el pago de un arancel.Tal propuesta han sido rechazada por el sector agropecuario mexicano, en particular por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA).
Este organismo empresarial ha continuado su labor de cabildeo ante el Congreso, para que el impuesto a los refrescos elaborados con fructosa sea mantenido por el gobierno de México hasta que haya un acuerdo aceptable de intercambio de azúcar por fructosa con Estados Unidos.
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